La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el fallo que acogió la solicitud de la Fiscalía para desaforar a la diputada Catalina Pérez (exmilitante del Frente Amplio), quien es investigada por presunta corrupción en el marco del caso convenios.
La Fiscalía Regional de Antofagasta investiga los acuerdos irregulares firmados entre la ONG Democracia Viva -manejada por el expololo de Pérez, Daniel Andrade- y la Seremi de Vivienda, donde a la parlamentaria se le acusa de tres delitos de fraude al Fisco.
En la lectura de la sentencia, la Corte determinó que los vínculos de Pérez con los suscriptores de los convenios -además de su posición política y laboral respecto a éstos-, hacen "plausible" la afirmación de que ella conocía la suscripción de los acuerdos.
"En cuanto a la existencia de antecedentes, éstos otorgan una secuencia preliminarmente lógica de intervención de la diputada en hechos previos y posteriores a la suscripción de los tres convenios fiscales aludidos, el que se construye sobre la base de los vínculos de ésta con los imputados Andrade y (Carlos) Contreras", dijo el ministro judicial Hernán Cárdenas.
"De acuerdo a las conclusiones extraídas de los informes policiales y conversaciones obtenidas mediante mensajes de WhatsApp -especialmente entre la parlamentaria y Andrade-, permiten dotar de razonabilidad a la imputación de la Fiscalía en cuanto a algún tipo de intervención", añadió.
Además, según el tribunal, Pérez incluso participó en la recopilación de antecedentes para la firma de los documentos, a sabiendas de que Democracia Viva no cumplía con los requisitos para ser elegida.
En conclusión, "se acoge la solicitud del fiscal adjunto jefe del Ministerio Público de Antofagasta, y se da lugar a la formación de causa contra la diputada Catalina Pérez Salinas, respecto de los hechos investigados", dijo Cárdenas.
Fiscal regional: Formalizaremos a Pérez cuando la Suprema se pronuncie
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, hizo énfasis en que "hay que tener muy en cuenta que este fallo es susceptible de recurso, y es obvio que la defensa (de Pérez) interpondrá alguno".
"Una vez que la Corte Suprema de nuestra república se pronuncie definitivamente respecto a una eventual apelación de la resolución de la Corte de Apelaciones, en ese momento la Fiscalía puede solicitar lo respectivo para formalizar a la imputada", afirmó el persecutor.
Pese a ello, Bekios aseguró que "existen antecedentes que justifican la existencia del delito y de la participación de la diputada desaforada. Esto descarta alguna imputación injustificada o arbitraria, y así lo estimó la Corte de Apelaciones con la revisión de los datos objetivos".
Como la sentencia del desafuero está incluida y a disposición de los intervinientes en el sistema de tramitación de la causa, habrá que esperar para conocer el veredicto en contra de la parlamentaria oficialista.
Defensa de Pérez apelará
El abogado Gonzalo Medina sostuvo que "no compartimos los fundamentos de la resolución y apelaremos ante la Corte Suprema. El Ministerio Público ha obtenido abundante evidencia, contenida en 33 tomos, los que dan cuenta de la nula participación de la diputada en la adjudicación de los convenios".
"Los mensajes de WhatsApp en los cuales fundamentan su solicitud y que han sido ampliamente difundidos en medios de prensa son del año 2023, muy posteriores a la suscripción de los convenios que ocurría en septiembre u octubre del 2022", agregó.
Los representantes de Pérez tienen cinco días hábiles para presentar su apelación como último recurso judicial.
