La Justicia envió a prisión preventiva a la exmagistrada Ángela Vivanco, acusada de delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso "muñeca bielorrusa".
La Fiscalía y los querellantes solicitaron dicha medida cautelar para la destituida jueza, acusada de recibir una millonaria coima en dólares para favorecer al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM), en medio de una disputa judicial que mantenía con la cuprífera estatal Codelco.
La decisión, tomada por el juez Cristián Sánchez -del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago-, es histórica, ya que es primera vez que un exministro de la Corte Suprema tendrá que cumplir prisión preventiva por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
El ente persecutor sostiene que el soborno llegó a sus manos a través de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, que fueron abogados representantes de CBM y que, actualmente, están en prisión preventiva.
Asimismo, afirma que Gonzalo Migueles -esposo de Vivanco- también participó en el esquema destinado a lavar el dinero de la coima recibida.
Defensa apelará
Desde la vereda de la defensa, el abogado Jorge Valladares lamentó la privación de libertad de su representada, pero anunció que recurrirán a la Corte de Apelaciones.
Para el jurista, la resolución del juez Sánchez dejó flancos abiertos que permiten un debate jurídico en segunda instancia: "El tribunal se hace cargo de todos los puntos que nosotros expusimos, por lo tanto, deja abierta la discusión ante la ilustrísima Corte de Apelaciones respecto de cada uno de los puntos", señaló el defensor, quien reafirmó su confianza en las garantías del Estado de derecho.
Fiscal: "No hay que desconocer la importancia que implica el investigar a una exministra"
Tras conocerse el fallo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, valoró la resolución destacando la complejidad de indagar a una figura de tal investidura.
"No hay que desconocer la importancia que implica el investigar a una exministra de la Corte Suprema y el efecto que sus resoluciones tuvieron en el sistema de justicia", afirmó a las puertas del Centro de Justicia.
La persecutora enfatizó que el Ministerio Público ha extremado el celo profesional para asegurar que toda la prueba obtenida cuente con las máximas garantías judiciales y respeto a los derechos de los imputados.
"Nuestra labor busca ser en extremo rigurosa, profesional y con el mayor celo para que todo esté resguardado respecto de los derechos de los imputados", afirmó la fiscal.
Wittwer también salió al paso de las acusaciones vertidas por la defensa de Vivanco, que ha denunciado un supuesto "sesgo institucional" y ha cuestionado la decisión del fiscal Nacional, Ángel Valencia, de designarla a ella para liderar esta arista específica.
"Él (el defensor) critica una resolución que el fiscal nacional dicta en virtud de sus atribuciones, de las atribuciones que tiene el fiscal nacional", replicó, descartando cualquier tipo de irregularidad en su nombramiento o en la imparcialidad del proceso.
Los querellantes, incluyendo a Codelco, valoraron la resolución judicial. El abogado Julián López, representante de la estatal chilena en la causa, manifestó que "los hechos que hemos conocido en este caso son, sin lugar a duda, de los más graves que conoce la historia de nuestro sistema de administración de justicia".
Subrayó la importancia de la capacidad de reacción del sistema para restaurar la confianza y asegurar la justicia: "tan importante como entender esa gravedad es también ser capaces de ver que el sistema es capaz de reaccionar logrando que se aplique el derecho a todos por igual y que los responsables sean enfrentados a la justicia para asumir su responsabilidad penal", puntualizó.
Duce: "Va costar años, décadas, recuperar la confianza pública" en el Poder Judicial
El abogado Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno de la PUC y miembro del equipo que diseñó la reforma a la justicia que dio vida al Ministerio Público, dijo en conversación con El Diario de Cooperativa que la resolución que envió a Vivanco a prisión es "bastante estándar" y no es "sorpresivo" cuando hay presunciones fundadas de delitos.
El experto aseguró que este escándalo es "extraordinariamente lamentable, porque toca a un poder del Estado, que ya antes tenia bajos niveles de confianza y va costar años, décadas, en recuperar la confianza pública".
Además, señaló el caso "demuestra debilidades institucionales de los que hacerse cargo con urgencia".
