Gendarmería reveló este martes la cronología de los hechos que terminaron con la liberación de un imputado -acusado de sicariato- desde el Centro de Detención Preventiva Santiago I, un hecho que ha conmocionado a la opinión pública chilena, no solo por la gravedad del hecho en sí, sino por los riegos y amenazas que genera en los sistemas judiciales y penitenciarios del país.
A través de un comunicado, la entidad dio cuenta que el 9 de julio, a las 20:28 horas, "el 8° Juzgado de Garantía dictó una orden de ingreso a prisión preventiva" para la persona en cuestión. Este procedimiento se concretó con la entrada del imputado a la unidad penal, tras un traslado realizado por personal de Servicios Especializados, que contaba con una orden impresa.
Sin embargo, la situación cambió el 10 de julio. A las 12:11 horas, Gendarmería recibió, a través de su sistema informático de envíos de resoluciones del Poder Judicial, una nueva orden del Tribunal. Esta resolución posterior dejaba sin efecto la instrucción inicial y "ordenaba la libertad del imputado".
Tras chequear y corroborar la verosimilitud de dicha resolución, la liberación se concretó ese mismo día, 10 de julio, a las 20:40 horas.
El mismo 10 de julio, a las 14:13 horas, una nueva comunicación del tribunal llegó a Gendarmería por correo electrónico. Esta comunicación contenía la misma orden de ingreso a prisión del 9 de julio, sin incluir "ninguna instrucción diferente, alerta o rectificación de la orden posterior que establecía la libertad".
Gendarmería aclaró que, si bien no se han detectado vulneraciones en sus sistemas informáticos institucionales, dada la connotación y gravedad del incidente, se están recopilando todos los antecedentes pertinentes.
Estos serán puestos a disposición del Ministerio Público, y se están llevando a cabo investigaciones internas desde el primer momento en que se desarrolló el servicio.
Ante la liberación y el no regreso a prisión del presunto sicario, la PDI activó una notificación roja a nivel internacional a través de Interpol. Esto implica una búsqueda activa para la ubicación y captura del sujeto, tanto a nivel nacional como internacional.
