La gerenta de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía, Ana María Morales, apuntó en Cooperativa un crecimiento de los delitos de extorsión por amenaza violenta en el país, sobre todo en locales comerciales, según arrojó un informe reciente del ente persecutor sobre este ilícito.
En Lo que Queda del Día, la funcionaria definió esa tipificación como "la amenaza de causar daño físico a la persona y a su familia si no se recibe algún pago", y si bien el 27,1% de las denuncias por este delito corresponden a tales casos, "si uno toma solamente el periodo desde la dictación de la reforma (a la ley que regula el ilícito) en abril de 2023, a abril del 2024, la extorsión por amenaza violenta es la que más ha crecido".
"Este tipo de fenómeno resulta importante porque se asocia a la criminalidad organizada, al requerir la presencia de estructuras con cierto dominio y presencia territorial, que utilizan la extorsión para la consecución de dos objetivos que son complementarios entre sí: por un lado, una suerte de método de financiamiento del delito, para proveerse de recursos económicos, y también para establecer su autoridad en ciertos territorios específicos", puntualizó Morales.
Con todo, "el gran problema que presenta es su capacidad de permanencia, y en ese sentido, si es que se transforma de manera más sistémica en una práctica que no se denuncia, y que de cierta forma es tolerada, se va generando una degradación bien importante, por una parte, de la confianza en el sistema, y por otra, de indicios de una relación simbiótica con la criminalidad organizada y la corrupción de ciertos funcionarios", alertó.
