El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, admitió en Cooperativa que los ataques en la zona han disminuido por efecto del estado de excepción constitucional, que lleva cuatro años vigente, pero que al mismo tiempo, su nivel de violencia se ha incrementado.
Consultado sobre de qué manera se podría erradicar a los grupos que cometen los atentados, el persecutor reflexionó: "Creo que el problema de La Araucanía -yo he vivido más de 20 años acá- es bastante complejo, y que requiere de una coordinación permanente entre todas las agencias del Estado".
"Sólo en lo que corresponde a la Fiscalía, que se refiere a la persecución penal, creo que en el último tiempo hemos generado impactos importantes. De hecho, esta última acción (el atentado en Ercilla) es justamente una consecuencia de lo efectiva que ha sido la persecución penal, disminuyendo casi en un 70% los hechos de violencia en comparación con el 2021", destacó en El Diario de Cooperativa.
Dicho esto, reconoció que "si bien los grupos cometen menos acciones, son cada vez más violentos, y atacan directamente a la población. Entonces, como varía el fenómeno criminal, hay que revisar nuestras políticas de persecución, y enfocarnos en las nuevas formas de comisión de estos delitos, para poder generar una disminución definitiva. Pero la solución final es de otras características, y escapa a lo que nosotros podamos aportar".
En cuanto al atentado ocurrido la noche del domingo en el sector de Pidima, el fiscal Garrido apunto a la "finalidad evidente" del mismo, pues "quedó un lienzo en el lugar donde se pide la libertad o la anulación de juicios respecto de personas que han sido condenadas por delitos muy graves, y además, vinculados -por ejemplo- a robos con intimidación, por ataques a otras personas, o vinculados con la Ley 20.000, por tráfico de marihuana".
Con ese fin, los responsables "atacaron indiscriminadamente a las personas que circulaban por la Ruta 5 Sur, lo que nos parece que podría dar pie a justificar la existencia de una organización que tiene esta finalidad, y eso podría calzar con la descripción de la Ley Antiterrorista", norma bajo la cual se querellará el Gobierno.
"No reivindican un derecho ancestral"
Considerando los llamados "presos políticos mapuche" citados en el lienzo abandonado el domingo, y firmado por Resistencia Mapuche Malleco, el jefe regional de la Fiscalía apuntó que "no ha sido infrecuente la ocurrencia de hechos de violencia vinculados con detenciones o condenas de personas asociadas con estas organizaciones criminales".
En este caso, detalló que los responsables exigen liberar a Alejandro Liguen, "condenado a 27 años de cárcel por matar a un funcionario de la PDI, y también por el homicidio frustrado de otro, en un operativo que pretendía desbaratar varias plantaciones de marihuana". También piden excarcelar a Joaquín Millanao, "condenado a 47 años por asaltar, en la ciudad de Victoria, un grow shop que -entre otras cosas- vendía semillas de cannabis sativa, y cometer otros delitos en ese mismo contexto", y a Dago Queipul y José Arzola, que están "condenados por cometer robos calificados de vehículos motorizados de una manera muy violenta, disparando sin ninguna justificación en contra de las víctimas. Incluso, en uno de los casos, la persona resultó con la amputación de una de sus extremidades".
Dados los delitos que los mantienen en prisión, Garrido relevó que "ninguna de sus acciones está vinculada con la reivindicación de algún derecho ancestral, o con alguna postura política, y me parece que es muy exagerado -por no decir directamente incorrecto- pensar que estas cuatro personas en realidad participan de formas de protesta violenta, o de reivindicación de una causa, que pueda tener alguna justificación".
"Es evidente que sólo son una organización que persigue el lucro directo, a través de acciones criminales, y que se refugia en este tipo de grupos para cometer impunemente delitos, o presionar a modificaciones de las condenas impuestas", remató.
