La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a distintos servicios públicos la habilitación de un albergue transitorio para poder llevar a cabo el desalojo de la denominada Megatoma de San Antonio, respecto de la que el tribunal de alzada había otorgado un plazo de seis meses para que sus ocupantes abandonaran voluntariamente el terreno.
Según indicó el tribunal de alzada, se ordenó a "la Ilustre Municipalidad de San Antonio, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Bienes Nacionales y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que, dentro del plazo de treinta días corridos den estricto e íntegro cumplimiento al fallo de 22 de marzo de 2024 dictado por la Corte Suprema".
Asimismo, enfatizó en "lo dispuesto en el numeral IV de su parte resolutiva, debiendo acreditar fehacientemente ante esta Corte la implementación del recinto transitorio ordenado que reúna las condiciones para albergar a los ocupantes del inmueble".
No obstante, reparó que en base a lo establecido por la Corte Suprema en el año 2015, los tribunales deberán cursar sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con informes o diligencias en los plazos establecidos por la justicia.
El abogado Diego Pereira, representante de los dueños del terreno, celebró la resolución y apuntó que "esto pone fin a las versiones que hablaron sobre una supuesta suspensión del desalojo y que solo buscaron confundir y generar falsas expectativas entre quienes mantienen actualmente ocupado ilegalmente el terreno".
"Es trascendental que la Corte, además, haya dispuesto el apercibimiento de las instituciones responsables en el caso de persistir en la inobservancia al fallo. De esta manera se acaban las excusas, se podrá restablecer el Estado de derecho, el respeto del derecho de propiedad y mis representados podrán por fin, luego de una batalla de cinco años, recuperar sus terrenos. Esperamos que en los próximos días las instituciones avancen en la coordinación del desalojo", agregó.
Montes: El Gobierno tiene claro que la ley se cumple, pero este desalojo genera riesgos
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que "el Gobierno tiene claro que la ley se cumple y que las Cortes tienen facultad para imponer ciertas fechas, pero como sabemos que hay cuestiones fundamentales en juego porque son 10.000 personas, (de ellos) 3.000 niños y 3.700 familias, hay que tener claro de que este desalojo es algo que genera riesgo de distinta naturaleza"
"Tenemos que pensar muy bien cada paso que se da. No les voy a dar detalles, pero vamos a agotar esfuerzos de conversar con las comunidades, ver alternativas y en eso estamos", reparó .
Por su parte, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostuvo que "vamos a cumplir, nos estamos programando", sin embargo, reparó en que "la responsabilidad principal recae en este caso en el municipio, donde han respondido que pueden tener una capacidad de albergue en un desalojo paulatino".
Riquelme agregó que "hoy ya tenemos una fecha, por lo tanto vamos a empezar a programar los detalles operativos, cómo llevar a la práctica paulatinamente y por etapas".
"Incluso, la resolución de la Corte de Apelaciones habla de cuadrículas, entonces en base a eso estamos trabajando. El día de mañana probablemente vamos a tener una reunión de la mesa intersectorial para generar este proceso", dijo la autoridad, precisando sobre las cuadrículas que "hay una primera propuesta que habla de una capacidad máxima de 50 personas que pudiéramos estar albergando y eso en una cantidad de 5 a 7 días".
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, aseguró que "la Municipalidad ya está trabajando en ello. Por tanto, dentro de la próxima semana esperamos tener bastante avanzado en cuanto a determinar el lugar y las condiciones respecto del albergue. Pero nuestro compromiso es dar cumplimiento a la resolución de la Corte".