Más de 50 familias de fallecidos en el megaincendio de Valparaíso, ocurrido en febrero del año pasado, presentarán una querella con la que buscan ser indemnizados por el Estado de Chile debido a esta tragedia.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el abogado querellante Felipe Olea, que representa a más de 55 familias de víctimas fatales en este siniestro, explicó que la acción civil busca una indemnización "en razón de que hemos considerado que existe responsabilidad, por falta de servicio, del Estado de Chile, desde los ministerios hacia abajo".
"¿Por qué desde los ministerios? Porque técnicamente Senapred depende del Ministerio del Interior. En el caso de Conaf, depende del Ministerio de Agricultura. Evidentemente, ambos organismos no dieron el ancho, y no lo digo yo, lo ha dicho la Contraloría General de la República. Las falencias que presentan ambos servicios son tremendas", enfatizó.
Además de estas dos entidades, el abogado también acusó "responsabilidad de los líderes de la región", entre ellos del reciente reelecto gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, a quien acusó de "no estar a la altura no solamente el día de la catástrofe, sino que también previamente el día de la catástrofe no se le vio".
"Fue uno de los grandes ausentes, no existió su liderazgo, ni tampoco ninguna gestión desarrollada por su persona. Los días previos tampoco, porque técnicamente él, como máxima autoridad regional, compone estos consejos de emergencia en los que se deberían elaborar y generar todas las políticas públicas que llevaran sobre prevención. Evidentemente, nuestra región, después de estos desgraciados hechos, demostró que no estaba preparada", cuestionó el jurista.
Asimismo, aseguró en Cooperativa que Muncada "no es el único responsable", y que la querella también apunta contra "la delegada presidencial saliente, Sofía González, la Municipalidad de Viña del Mar, con la alcaldesa Macarena Ripamonti, y la exalcaldesa Quilpué, Valeria Melipillán".
"Todos estos organismos serán demandados porque efectivamente creemos que existe responsabilidad del Estado desde el punto de vista económico y responsabilidad de ellos como personas naturales desde un punto de vista penal. Creemos que, en muchos casos, por sus infracciones de reglamento, por sus negligencias, por su falta acción, incurrieron en el cuasidelito de homicidio. Técnicamente, su inacción provocó el fallecimiento de las personas", puntualizó Olea.
Los detalles de la acción judicial
Según dio cuenta el abogado querellante, la acción civil contra el Estado será presentada por los familiares directos de los fallecidos, quienes "buscan una reparación por el daño moral que le ha provocado perder a sus seres queridos en tan trágicas circunstancias".
Respecto a lo económico, el jurista reveló que utilizaron como referencia "la cifra que ordenó pagar la Corte Suprema hace unos años atrás a la familia Luchsinger-Mackay por el asesinato de sus padres en un delito de incendio".
Por ese delito, "se condenó al Estado, que tuvo que pagar, por cada padre, el orden de 500 millones de pesos. Nosotros hemos reajustado esa cifra y esperamos que las acciones, en nuestro particular, estén cerca de los 700 millones de pesos por cada persona fallecida".
Finalmente, al ser consultado sobre la presentación de esta querella, Olea dijo a Cooperativa que iniciaron las acciones civiles "mediante medidas prejudiciales, por las cuales solicitamos exigir documentos a todos estos organismos que hemos hablado en este minuto, y ellos debieron entregarnos información. Ahí, por ejemplo, nos pudimos enterar de la ausencia de bitácora, de la ausencia de antecedentes".
"Entonces, en ese proceso que ya ha iniciado, y cuyas audiencias de exhibición se generaron ahora, durante el mes de enero, en ese mismo proceso hoy presentaremos la acción, la cual haremos pública en los próximos días. Va dirigida en contra del Estado de Chile, en un proceso que sabemos que va a ser muy arduo y largo", cerró el abogado.
