Tanto el alcalde de San Antonio, Omar Vera, como dirigentes de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela, presentaron recursos judiciales de última hora ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el fin de aplazar el desalojo fijado para el jueves 27 de febrero a las 10:00 horas.
El tribunal nuevamente ordenó la erradicación -aunque "razonable y paulatina"- de sus más de 10 mil habitantes, luego de un incumplimiento del fallo el 31 de enero y una solicitud de prórroga del Gobierno en noviembre pasado.
Frente a esto, el Ejecutivo coordinó dos reuniones: una que se hará el lunes con los propietarios, para discutir la tasación del terreno; y otra que se hizo el sábado con los pobladores afectados, con el fin de establecer cooperativas habitacionales.
Sin embargo, Vera ha insistido en aplazar la fecha del desalojo por seis meses, para que las negociaciones cuenten con más tiempo, y presentó un recurso con el argumento de que "Carabineros no ha informado de algún plan de servicio integral que permita abordar lo resuelto" por la Corte, consigna este domingo El Mercurio.
El alcalde acusa que tampoco se han detallado medidas de seguridad para los uniformados y otros servicios públicos involucrados, frente a supuestas advertencias de dirigentes de la toma que resistirán el desalojo, lo que dará lugar -afirma- a una "batalla campal".
Por último, Vera también apuntó a los dueños del terreno y denunció que "la inmobiliaria no ha informado qué medidas adoptará para asegurar el cierre del terreno, ni ha indicado si cuenta con botadero autorizado de escombros, recursos, medios materiales o personal del que dispondrá el día del lanzamiento".
Dirigentes exigen que Corte Suprema intervenga
Por otro lado, también de acuerdo a El Mercurio, un grupo de dirigentes asesorados por el abogado Rodrigo Valdés interpuso una nueva reposición para aplazar el desalojo.
Aunque la Corte de Valparaíso rechazó esta acción, los afectados insisten en que por el carácter aleatorio del nuevo escrito ingresado, necesariamente deberá ser visto por la Corte Suprema.
Como solución transitoria, el Gobierno congrega a cientos de familias ocupantes en el gimnasio de la Escuela Padre André Coindre, en San Antonio, a fin de constituir más de 40 cooperativas.
Experto: ¿Quién garantiza la compra de la tasación?
La delegada ministerial del Minvu, Gloria Maira, afirmó que se ha hecho "un trabajo largo con los pobladores y pobladoras del cerro, a efectos de constituir las cooperativas como forma para comprar el terreno".
"Va a ser una treintena de cooperativas en total: esta semana se establecen 16 y, la próxima semana, 16 más. Esperamos que el lunes se acerquen las posiciones para encontrar el acuerdo que todos esperamos: que los pobladores compren el terreno y los dueños ejerzan su derecho a la venta", manifestó.
En las 16 cooperativas ya inscritas se espera la conformación de cerca de 30 organizaciones, que ofertarán un monto inicial de 640 millones de pesos. Sin embargo, uno de los nudos del acuerdo es la cifra de tasación, donde el Gobierno afirma que la inicial establecida era de 0,58 UF, mientras que lo dueños exigen un 0,69.
Esto es cuestionado por Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitecutra de la Universidad del Desarrollo (UDD), que puso en entredicho la garantización de la compra de los terrenos.
"Todas las expropiaciones que hace el Estado para construir obras de infraestructura implican un procedimiento, donde se le pide tres tasaciones a tres peritos expertos independientes, las que se comparan para decidir el valor total definitivo", explicó el académico.
"Ahora, aquí estamos hablando de 0,10 o 0,15 UF de diferencia, así que ojalá que se llegue a un acuerdo. Pero ojo, porque una cosa es que los pobladores tengan recursos para comprar si llegan a un entendimiento; y otra es quién garantiza esa compra", advirtió Allard.
