La Comisión de Salud del Senado inició este martes el segundo trámite del proyecto de eutanasia patrocinado por el Gobierno, que presentó indicaciones que lo modifican sustancialmente respecto de lo que aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, desmenuzó las propuestas del Ejecutivo, después de que el Presidente Gabriel Boric anunciara que pondría urgencia a la iniciativa en su última Cuenta Pública.
Entre ellas, resalta la creación de un proceso anterior para revisar los requisitos para acceder a la muerte asistida, y también para proteger las garantías de los solicitantes, según indicó la autoridad sanitaria en la instancia.
En concreto, se busca que un comité nacional vele por que en los exámenes médicos prime la evaluación caso a caso. O sea, el Gobierno no quiere fijar un listado de enfermedades para acceder a la eutanasia, como indica el texto despachado por la Cámara Baja.
"Nosotros respetamos la objeción individual. La objeción institucional no la hemos reconocido y, si bien está en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en este caso el tema de que las personas pueden estar postradas no es la misma situación que en un procedimiento en que la persona ambulatoriamente puede ir a una y otra institución", dijo Aguilera.
También están presentes en la sesión de hoy la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, y el diputado liberal Vlado Mirosevic, uno de los impulsores de la iniciativa.
En la sesión de este martes expusieron docentes de la Universidad Católica, quienes admitieron que legislar sobre la eutanasia ya no tiene vuelta atrás. Aún así plantearon sus reparos sobre el riesgo de trivializar el acto médico.
El doctor Jaime Godoy, director de Pulso Legislativo de la Facultad de Medicina de la UC, afirmó que "el hecho de que no exista la calidad de terminal como condición para la eutanasia es bastante complejo. Casi cualquier persona puede plantearse en una situación en la que aluda a que tiene un sufrimiento absolutamente insoportable en su condición de vida".
"Un preso condenado a cadena perpetua podría decir 'esto para mí es intolerable, tengo un dolor físico y espiritual y, por lo tanto, quiero que haya eutanasia'", teorizó.
Este planteamiento fue refutado por el senador socialista Juan Luis Castro: "No puede haber caricaturas. Por favor, está descartado en la propia ley que cualquier estado depresivo no es causal ni motivo; al revés, es inhabilitante para pedir la eutanasia. Por algo hay un peritaje psiquiátrico; entonces, esto no es a gusto del consumidor", indicó el médico de profesión.
A petición de los parlamentarios, el Gobierno aceptó reducir la discusión inmediata a suma urgencia para poder desarrollar este debate.
